Para Cristian Bofill, Director de La Tercera, el asesinato de un dirigente sindical, en su lugar de trabajo, hecho gravísimo, no merece ni 5 cm. en su diario.
sábado, 23 de febrero de 2013
Para Cristian Bofill, Director de La Tercera, el asesinato de un dirigente sindical, en su lugar de trabajo, hecho gravísimo, no merece ni 5 cm. en su diario.
Para Cristian Bofill, Director de La Tercera, el asesinato de un dirigente sindical, en su lugar de trabajo, hecho gravísimo, no merece ni 5 cm. en su diario.
Ministerio del Trabajo lamentó muerte de dirigente sindical Juan Pablo Jiménez
AGENCIA UPI | FEBRERO 23 DE 2013
"Nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para entregar la mayor cantidad de antecedentes en lo que a nuestros organismos compete", explicó el ministro (s) del Trabajo.
El ministro (s) del Trabajo, Bruno Baranda, lamentó la muerte de Juan Pablo Jiménez, presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Azeta, quien fue encontrado muerto el viernes en su lugar de trabajo.
"Estamos profundamente preocupados como ministerio. Enviamos nuestras condolencias a la familia en este momento difícil", expresó la autoridad, quien informó que el jefe de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, Jorge Arriagada, ya se ha constituido en la empresa para tener más antecedentes y desarrollar una completa investigación.
Baranda conversó con Raúl Guzmán, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, para ofrecer toda la colaboración de la Dirección del Trabajo en el caso. "Nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para entregar la mayor cantidad de antecedentes en lo que a nuestros organismos compete",aseguró.
El caso está en manos del Ministerio Público, por lo cual se esperará la entrega de mayores antecedentes para emitir una opinión más acabada, informó el Ministerio del Trabajo.
La Policía de Investigaciones informó que los peritajes balísticos y grabaciones de seguridad de la compañía han orientado a la Brigada de Homicidios a establecer la idea de una "bala pérdida" como principal hipótesis de la muerte del trabajador.
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/ministerio-del-trabajo-lamento-muerte-de-dirigente-sindical-juan-pablo-jimenez/20130223/nota/1847675.aspx
"Nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para entregar la mayor cantidad de antecedentes en lo que a nuestros organismos compete", explicó el ministro (s) del Trabajo. El ministro (s) del Trabajo, Bruno Baranda, lamentó la muerte de Juan Pablo Jiménez, presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Azeta, quien fue encontrado muerto el viernes en su lugar de trabajo.
"Estamos profundamente preocupados como ministerio. Enviamos nuestras condolencias a la familia en este momento difícil", expresó la autoridad, quien informó que el jefe de fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, Jorge Arriagada, ya se ha constituido en la empresa para tener más antecedentes y desarrollar una completa investigación.
Baranda conversó con Raúl Guzmán, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, para ofrecer toda la colaboración de la Dirección del Trabajo en el caso. "Nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para entregar la mayor cantidad de antecedentes en lo que a nuestros organismos compete",aseguró.
El caso está en manos del Ministerio Público, por lo cual se esperará la entrega de mayores antecedentes para emitir una opinión más acabada, informó el Ministerio del Trabajo.
La Policía de Investigaciones informó que los peritajes balísticos y grabaciones de seguridad de la compañía han orientado a la Brigada de Homicidios a establecer la idea de una "bala pérdida" como principal hipótesis de la muerte del trabajador.
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/ministerio-del-trabajo-lamento-muerte-de-dirigente-sindical-juan-pablo-jimenez/20130223/nota/1847675.aspx
Comunicado Publico sobre Asesinato Dirigente Juan Pablo Jimenez Garrido (22/02/2013)
COMUNICADO PÚBLICO
El día de ayer, 21 de febrero, alrededor de las 15:30 horas, al termino de su truno de trabajo, fue encontrado sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido. El era presidente del sindicato N° 1 de la empresa Ingenieria Eléctrica AZETA, y presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA.
El fue visto por compañeros de trabajo sentado en una banca, al interior de la empresa, justo a la salida de la oficina de su jefatura, revisando documentación relacionada con la actividad sindical.
Minutos después, el trabajador Mario Gutiérrez, lo encontró sin vida, sentado en la misma banca donde había sido visto hace un momento. Un charco de sangre rodeaba el lugar.
El cuerpo fue trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad, en la comuna de San Miguel, donde se confirmó el deceso y se constató que presentaba una fractura en el cráneo.
La Brigada de Homicidios de la Policia de Investigaciones dispuso el examen de su cadáver por un médico criminalista del departamento de medicina de dicha institución.
Hoy, viernes 22 de febrero, se le practicó una autopsia en las dependencias del Servicio Médico Legal, determinándose que la muerte se produjo por un disparo de bala en la cabeza, el que le fue propinado al interior de la empresa, en el mismo lugar donde fue hallado.
Juan Pablo lideró un reñido proceso de negociación colectiva, que culminó en el mes de diciembre del año 2012, donde se votó la huelga por parte de los trabajadores, no arribando a acuerdo con la empresa.
Finalmente, la asamblea sindical decidió acogerse a lo dispuesto por el artículo 369 del Código del Trabajo, lo que molestó a los dueños de la empresa, porque significa repetir la negociación colectiva en el plazo de un año.
Además, el dirigente había presentado numerosas denuncias por abuso laboral y por condiciones deficientes de seguridad en el trabajo, en contra de AZETA. Cabe destacar que en el mes de junio del año 2012, falleció Richard Trincado, trabajador de la empresa, en un accidente laboral.
En los últimos días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se habían agudizado, producto del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se les quizo imponer.
Se debe considerar que se trata de trabajadores sub contratistas de la empresa Chilectra, encargados de reponer el servicio eléctrico, y que desarrollan sus labores en condiciones de alta peligrosidad.
¿Quién era Juan Pablo?
Juan Pablo tenía 34 años de edad, estaba casado y tiene dos hijos.
Participaba activamente del movimiento sindical, se autodefinía como un combatiente de la clase obrera y se identificaba con un sindicalismo clasista, democrático y de base, en el que no cabe la corrupción ni el acomodo.
Además, formaba parte de la Radio Popular Enrique Torres, que funciona en poblaciones de la comuna de La Granja.
Sus compañeros de lucha, y sus amigos, convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas a reunirse en las afueras de la empresa AZETA, ubicada en Isabel Riquelme con la calle Carmen, en la comuna de San Joaquín, esta noche a las 21:00 horas, para realizar una velatón, exigiendo el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investigue lo sucedido y se castigue a los responsables de este brutal crimen.
Sus funerales se realizarán mañana sábado 23 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el Cementerio El Prado, ubicado en el Paradero 24 de Avenida La Florida.
Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa, al termino de su jornada de trabajo, y sin que la gerencía de AZETA pueda explicar lo sucedido... Exigimos verdad y justicia.
Contacto: Karina – 02 26735221
http://www.radioenriquetorres.blogspot.com.ar/2013/02/comunicado-publico-sobre-asesinato.html
Dirigente sindical asesinado hoy tenía audiencia para denunciar abusos laborales
22 de febrero de 2013 - 14:00 | Por: Equipo El Dinamo
Juan Pablo Jiménez, quien era presidente del sindicato de Azeta, fue encontrado sin vida y con una fractura craneal en su lugar de trabajo. La autopsia determinó que el dirigente tiene una bala alojada en su cabeza.
“Hoy había una audiencia en que Juan Pablo era partidario de denunciar, ante los Tribunales y la Dirección del Trabajo, todos los atropellos de los derechos laborales y, especialmente, los despidos injustificados. Hace poco echaron a dos trabajadores, arbitrariamente después de 9 años, y se les acusa de ser “reducidos de mente, en palabra de la gerenta de recursos humanos”.
http://www.eldinamo.cl/2013/02/22/encuentran-muerto-a-pdte-de-sindicato-de-subcontratistas-de-chilectra-en-misteriosas-circunstancias/
Juan Pablo Jiménez, quien era presidente del sindicato de Azeta, fue encontrado sin vida y con una fractura craneal en su lugar de trabajo. La autopsia determinó que el dirigente tiene una bala alojada en su cabeza.
“Hoy había una audiencia en que Juan Pablo era partidario de denunciar, ante los Tribunales y la Dirección del Trabajo, todos los atropellos de los derechos laborales y, especialmente, los despidos injustificados. Hace poco echaron a dos trabajadores, arbitrariamente después de 9 años, y se les acusa de ser “reducidos de mente, en palabra de la gerenta de recursos humanos”.
Margarita Peña, asesora laboral del sindicato de Azeta, relata la agenda que tenía preparada para hoy Juan Pablo Jiménez, presidente del sindicato de Azeta, empresa que presta servicios a Chilectra, quien ayer fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su lugar de trabajo.
Tras conocer el deceso del sindicalista, sus compañeros de trabajo se reunieron en la sede de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPCH, para coordinar las acciones a seguir. En ese marco informaron de la velatón que se realizaría a las 21:00 horas en las afueras de la empreza Azeta (en la comuna de San Joaquín), para pedir que se esclarezcan las circunstancias del asesinado del dirigente.
En El Dinamo nos comunicamos con la empresa Azeta para conocer su versión de los hechos, sin embargo, indicaron que no van a realizar declaraciones ya que “todo esta en manos de la PDI”.
Trágica muerte
Ayer, jueves, el dirigente había finalizado su turno de trabajo a las 14:30 horas. Luego de eso, se dedicó a revisar los papeles de una denuncia por abusos laborales que había presentado hace pocos días. En eso estaba, sentado en una banca de la empresa, cuando sus compañeros lo vieron por última vez, a las 15:30 horas.
Cinco minutos después, estaba donde mismo, pero ahora sin vida y con sangre a su alrededor.
Los ejecutivos de Azeta trasladaron personalmente el cuerpo a la Mutual de Seguridad, donde se acreditó la muerte. El médico que lo examinó llamó personalmente a la Policía de Investigaciones, quienes tomaron el caso.
Según se pudo constatar, el cuerpo de Juan Pablo Jiménez presentaba una fractura craneal expuesta.
La autopsia que le practicó al cuerpo el Servicio Médico Legal determinó que el hombre fue asesinado de un balazo en lu cabeza. Esta versión fue ratificada por familiares de la víctima a El Dínamo.
Familia evalúa querella
Jiménez tenía 35 años al momento de su muerte, estaba casado y tenía dos hijos pequeños.
Un miembro de su familia dijo a este medio que evalúan la presentación de una querella por las responsabilidades en la muerte del dirigente.
Juan Pablo Jiménez participaba además en la Radio Popular Enrique Torres. Sus funerales se realizarán mañana a las 15:30 horas en el cementerio El Prado, en La Florida.
http://www.eldinamo.cl/2013/02/22/encuentran-muerto-a-pdte-de-sindicato-de-subcontratistas-de-chilectra-en-misteriosas-circunstancias/
¿ Quien mato a Juan Pablo Jiménez ? Dirigente sindical recibe disparo en la cabeza
La Policía de Investigaciones entregó nuevos antecedentes sobre la muerte de Juan Pablo Jiménez, presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Azeta, que presta servicios a Chilectra en la capital, quien fue hallado muerto en su lugar de trabajo.
Según la información otorgada por el comisario Francisco Orellana de la Brigada de Homicididos de la PDI, la línea investigativa apuntaría a que Jiménez fue víctima de una “bala perdida”, por lo que se están realizando un empadronamiento del sector la compañía con el fin de establecer a el o los responsables de este disparo.
Esto, debido a la revisión de las cámaras de seguridad y naturaleza de la lesión presentada por la víctima, “una herida contusa de aproximadamente 5 mm. de diámetro atribuible a entrada de proyectil balístico”, lo que posteriormente fue corroborado por la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal.
Consultado al respecto, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, aseguró que en el Gobierno “tenemos una profunda preocupación” por el hecho y que están a la espera de los antecedentes de la investigación para emitir una opinión acabada.
Juan Pablo Jiménez, quien era presidente del sindicato de Azeta, fue encontrado sin vida y con una fractura craneal en su lugar de trabajo. La autopsia determinó que el dirigente tiene una bala alojada en su cabeza.
El día 21 de febrero, alrededor de las 15:30 horas, al termino de su truno de trabajo, fue encontrado sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido. El era presidente del sindicato N° 1 de la empresa Ingenieria Eléctrica AZETA, y presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA.
El fue visto por compañeros de trabajo sentado en una banca, al interior de la empresa, justo a la salida de la oficina de su jefatura, revisando documentación relacionada con la actividad sindical.
Minutos después, el trabajador Mario Gutiérrez, lo encontró sin vida, sentado en la misma banca donde había sido visto hace un momento. Un charco de sangre rodeaba el lugar.
El cuerpo fue trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad, en la comuna de San Miguel, donde se confirmó el deceso y se constató que presentaba una fractura en el cráneo.
La Brigada de Homicidios de la Policia de Investigaciones dispuso el examen de su cadáver por un médico criminalista del departamento de medicina de dicha institución.
El viernes 22 de febrero, se le practicó una autopsia en las dependencias del Servicio Médico Legal, determinándose que la muerte se produjo por un disparo de bala en la cabeza, el que le fue propinado al interior de la empresa, en el mismo lugar donde fue hallado.
Juan Pablo lideró un reñido proceso de negociación colectiva, que culminó en el mes de diciembre del año 2012, donde se votó la huelga por parte de los trabajadores, no arribando a acuerdo con la empresa.
Finalmente, la asamblea sindical decidió acogerse a lo dispuesto por el artículo 369 del Código del Trabajo, lo que molestó a los dueños de la empresa, porque significa repetir la negociación colectiva en el plazo de un año.
Además, el dirigente había presentado numerosas denuncias por abuso laboral y por condiciones deficientes de seguridad en el trabajo, en contra de AZETA.
Cabe destacar que en el mes de junio del año 2012, falleció Richard Trincado, trabajador de la empresa, en un accidente laboral.
En los últimos días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se habían agudizado, producto del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se les quizo imponer.
Se debe considerar que se trata de trabajadores sub contratistas de la empresa Chilectra, encargados de reponer el servicio eléctrico, y que desarrollan sus labores en condiciones de alta peligrosidad.
¿Quién era Juan Pablo?
Juan Pablo tenía 34 años de edad, estaba casado y tiene dos hijos.
Participaba activamente del movimiento sindical, se autodefinía como un combatiente de la clase obrera y se identificaba con un sindicalismo clasista, democrático y de base, en el que no cabe la corrupción ni el acomodo.
Además, formaba parte de la Radio Popular Enrique Torres, que funciona en poblaciones de la comuna de La Granja.
Sus compañeros de lucha, y sus amigos, convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas a reunirse en las afueras de la empresa AZETA, ubicada en Isabel Riquelme con la calle Carmen, en la comuna de San Joaquín, esta noche a las 21:00 horas, para realizar una velatón, exigiendo el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se investigue lo sucedido y se castigue a los responsables de este brutal crimen.
Sus funerales se realizarán hoy sábado 23 de febrero, a partir de las 15:00 horas, en el Cementerio El Prado, ubicado en el Paradero 24 de Avenida La Florida.
Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa, al termino de su jornada de trabajo, y sin que la gerencía de AZETA pueda explicar lo sucedido… Exigimos verdad y justicia.
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http://revoluciontrespuntocero.com/chile/2013/02/22/quien-mato-a-juan-pablo-jimenez-dirigente-sindical-recibe-disparo-en-la-cabeza/
Dirigente sindical aparece muerto y con balazo en la cabeza según autopsia del SML
22 Febrero, 2013
http://www.theclinic.cl/2013/02/22/dirigente-sindical-aparece-muerto-y-con-balazo-en-la-cabeza-segun-autopsia-del-sml/
Juan Pablo Jiménez, presidente del sindicato de Azeta -empresa que presta servicios a Chilectra- apareció muerto ayer jueves producto del impacto de un balazo en la cabeza según informan sus familiares en base a la autopsia entregada por el Servicio Médico Legal.
La información recabada por El Dínamo detalla que el dirigente sindical había terminado su turno de trabajo a las 14:30 del día jueves y se encontraba revisando los papeles de una denuncia por abusos laborales que había presentado hace pocos días. Cerca de las cuatro de la tarde, Jiménez apareció muerto con un charco de sangre alrededor de su cabeza.
La Policía de Investigaciones tomó el caso pues se piensa en la actuación de terceros en la muerte de Jiménez. Su familia en tanto evalúa una querella.
http://www.theclinic.cl/2013/02/22/dirigente-sindical-aparece-muerto-y-con-balazo-en-la-cabeza-segun-autopsia-del-sml/
Sindicalista Juan Pablo Jiménez pretendía declarar sobre abusos laborales antes de ser asesinado
Por Verdad Ahora | 23-02-2013 - 01:54
Juan Pablo Jiménez (34), presidente del sindicato de Azeta, fue asesinado ayer de un balazo en la cabeza mientras descansaba en su lugar de trabajo.
Este viernes, Jiménez tenía programada una audiencia para denunciar “todos los atropellos de los derechos laborales, especialmente, los despidos injustificados” ante la Dirección del Trabajo, según señaló la asesora laboral del mismo sindicato, Margarita Peña.
La empresa subcontratista Azeta presta servicios a Chilectra, la mayor distribuidora de energía eléctrica de Chile.
La sorpresiva muerte del dirigente social fue repudiada en redes sociales, denunciándose la falta de cobertura mediática otorgada al crimen por los medios convencionales de comunicación.
La PDI se encuentra indagando el asesinato, luego de que este viernes el Servicio Médico Legal (SML) confirmara que el deceso se produjo por un disparo en la cabeza.
Jiménez había finalizado su turno de trabajo a eso de las 14:30 horas del jueves, ocupando sus horas de descanso para revisar los papeles de una denuncia por abusos laborales que había presentado hace pocos días, sobre la cual debería declarar 24 horas después ante los Tribunales.
Según versiones de prensa, el último contacto visual entre los trabajadores y el dirigente sindical se produjo a las 15:30, cuando unos compañeros le vieron sentado en una banca, revisando los documentos.
Cinco minutos después, Jiménez estaba sin vida y con una poza de sangre a su alrededor.
La familia del dirigente estaría evaluando presentar una querella contra quienes resulten responsables, según publicó The Clinic.
http://verdadahora.cl/sindicalista_juan_pablo_jimenez_pretendia_declarar_sobre_abusos_laborales_antes_de_ser_asesinado.html
Juan Pablo Jiménez (34), presidente del sindicato de Azeta, fue asesinado ayer de un balazo en la cabeza mientras descansaba en su lugar de trabajo.
Este viernes, Jiménez tenía programada una audiencia para denunciar “todos los atropellos de los derechos laborales, especialmente, los despidos injustificados” ante la Dirección del Trabajo, según señaló la asesora laboral del mismo sindicato, Margarita Peña.
La empresa subcontratista Azeta presta servicios a Chilectra, la mayor distribuidora de energía eléctrica de Chile.
La sorpresiva muerte del dirigente social fue repudiada en redes sociales, denunciándose la falta de cobertura mediática otorgada al crimen por los medios convencionales de comunicación.
La PDI se encuentra indagando el asesinato, luego de que este viernes el Servicio Médico Legal (SML) confirmara que el deceso se produjo por un disparo en la cabeza.
Jiménez había finalizado su turno de trabajo a eso de las 14:30 horas del jueves, ocupando sus horas de descanso para revisar los papeles de una denuncia por abusos laborales que había presentado hace pocos días, sobre la cual debería declarar 24 horas después ante los Tribunales.
Según versiones de prensa, el último contacto visual entre los trabajadores y el dirigente sindical se produjo a las 15:30, cuando unos compañeros le vieron sentado en una banca, revisando los documentos.
Cinco minutos después, Jiménez estaba sin vida y con una poza de sangre a su alrededor.
La familia del dirigente estaría evaluando presentar una querella contra quienes resulten responsables, según publicó The Clinic.
http://verdadahora.cl/sindicalista_juan_pablo_jimenez_pretendia_declarar_sobre_abusos_laborales_antes_de_ser_asesinado.html
Cristián Cuevas sobre caso de Juan Pablo Jiménez: "No podemos descartar un asesinato encomendado"
El dirigente de la CUT aseguró que existen mafias que impiden el ejercicio de la acción sindical en Chile.
Cristian Cuevas pidió pronunciamiento de Piñera y Matthei por muerte de dirigente sindical
AGENCIA UPI | FEBRERO 23 DE 2013
"Es una gravedad que a 48 horas del asesinato del dirigente sindical, ni la empresa, ni el gobierno, ni la ministra", se pronuncien sobre lo ocurrido dijo el dirigente de la CUT.
El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cristian Cuevas, pidió un pronunciamiento del Presidente Sebastián Piñera y de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, por la muerte del sindicalista de la empresa Azeta, Juan Pablo Jiménez, luego que falleciera producto de un impacto de bala en su cabeza.
"Es una gravedad que a 48 horas del asesinato del dirigente sindical, ni la empresa, ni el gobierno, ni la ministra", se pronuncien sobre lo ocurrido dijo Cuevas. "Vamos a exigir justicia", expresó el timonel de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Cuevas dijo que "esta es una señal para generar temor, miedo para que los trabajadores no se organicen y no exijamos nuestras demandas".
En tanto, la PDI informó que la grabación de la cámara de seguridad de Azeta y los peritajes balísticos avalan la hipótesis de que Jiménez fue impactado por una bala pérdida y de origen externo a las dependencias de la empresa.
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cristian-cuevas-pidio-pronunciamiento-de-pinera-y-matthei-por-muerte-de-dirigente-sindical/20130223/nota/1847666.aspx
"Es una gravedad que a 48 horas del asesinato del dirigente sindical, ni la empresa, ni el gobierno, ni la ministra", se pronuncien sobre lo ocurrido dijo el dirigente de la CUT. El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cristian Cuevas, pidió un pronunciamiento del Presidente Sebastián Piñera y de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, por la muerte del sindicalista de la empresa Azeta, Juan Pablo Jiménez, luego que falleciera producto de un impacto de bala en su cabeza.
"Es una gravedad que a 48 horas del asesinato del dirigente sindical, ni la empresa, ni el gobierno, ni la ministra", se pronuncien sobre lo ocurrido dijo Cuevas. "Vamos a exigir justicia", expresó el timonel de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Cuevas dijo que "esta es una señal para generar temor, miedo para que los trabajadores no se organicen y no exijamos nuestras demandas".
En tanto, la PDI informó que la grabación de la cámara de seguridad de Azeta y los peritajes balísticos avalan la hipótesis de que Jiménez fue impactado por una bala pérdida y de origen externo a las dependencias de la empresa.
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cristian-cuevas-pidio-pronunciamiento-de-pinera-y-matthei-por-muerte-de-dirigente-sindical/20130223/nota/1847666.aspx
La larga mano del Plan Cóndor
Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y "desapariciones" tras asumir el poder en marzo de 1976.
Los 4.677 documentos desclasificados muestran la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes.
Una gran parte de esta documentación está compuesta por los telegramas, memorándums y cables que fueron intercambiados entre la Embajada de EEUU en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington. Estos escritos ponen en evidencia que tres Administraciones estadounidenses consecutivas -las de Ford, Carter y Reagan- colaboraron con la junta militar, pese a ser plenamente conscientes de los crímenes y atrocidades que se estaban cometiendo en Argentina en el nombre de la "lucha contra el terrorismo". Los gobiernos norteamericanos estaban bien informados de lo que sucedía gracias a la estrecha relación de los funcionarios de la Embajada con los militares que dirigían los "escuadrones de la muerte" y los centros de tortura.
Sin embargo, Washington veía estas acciones criminales como algo necesario para salvaguardar los intereses de EEUU y los de la élite gobernante argentina.
Los documentos fueron desclasificados en base a una petición de varias organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos, incluyendo la de las Madres de Plaza de Mayo, formulada a la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante una visita de ésta a Buenos Aires en el año 2000. Sin embargo, los documentos hechos públicos pertenecen sólo al Departamento de Estado. Los de la CIA y el Pentágono, que podrían aportar informaciones incluso más relevantes, en especial acerca de los responsables militares y de inteligencia de EEUU involucrados más directamente en los crímenes de la dictadura argentina, continúan clasificados.
El lenguaje diplomático utilizado en los documentos del Departamento de Estado oculta en buena medida el papel jugado por EEUU en la represión de Argentina. El nivel real de la implicación norteamericana queda reflejado en algunos documentos en los que se detallan fricciones entre los diplomáticos de carrera estadounidenses destinados en Argentina, que sermoneaban en diversas ocasiones a los militares argentinos por sus violaciones de los derechos humanos, y algunos responsables políticos y militares de Washington que pedían a aquéllos que continuaran con su represión.
Entre los documentos más relevantes puede citarse un cable enviado por el embajador norteamericano, Richard Hill, al Departamento de Estado en octubre de 1976. En él se describe la reacción "eufórica" del ministro de Exteriores de Argentina, Almirante César Guzzetti, tras una visita a Washington donde mantuvo conversaciones con el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger; el vicepresidente, Nelson Rockefeller, y otros altos responsables.
Según el cable, en sus conversaciones con Guzzetti, Kissinger y Rockefeller manifestaron que "comprendían" que la dictadura argentina "se viera obligada" a emplear métodos represivos y pidieron únicamente a la junta militar que "acabara con el problema del terrorismo tan rápidamente como fuera posible". Otros responsables norteamericanos aconsejaron amistosamente a Guzzetti que evitara tomar medidas represivas contra los clérigos de la Iglesia Católica y controlara a una facción radical del Ejército que utilizaba esvásticas nazis y otros símbolos fascistas en las prisiones y las cámaras de tortura.
"Guzzetti fue a EEUU temiendo que recibiría allí reproches o advertencias por parte de las autoridades norteamericanas por las atrocidades cometidas por la junta militar". Sin embargo, escribe el embajador Hill, "él volvió a Argentina en un estado de euforia, convencido de que el gobierno de EEUU no pondría ningún reparo al proceder de las autoridades argentinas en este tema (de la represión contra la oposición)".
En la víspera de la visita de Guzzetti, el embajador Hill envió otro mensaje al Departamento de Estado en el que manifestaba que había advertido al almirante argentino que "el asesinato de sacerdotes y el arrojar 47 cuerpos en la calle en un solo día no va a ser considerado por la opinión pública como una medida apropiada para una victoria rápida frente a los terroristas; por el contrario, estas acciones serán con toda probabilidad contraproducentes".
Durante las conversaciones celebradas en Washington, Kissinger repitió el mismo mensaje que había transmitido a Guzzetti en un encuentro de la Organización de Estados Americanos, celebrado en Santiago de Chile cuatro meses antes. En aquella cumbre, según desvela un cable anteriormente desclasificado, Guzzetti se entrevistó con Kissinger y sacó a relucir el tema de la guerra sucia en Argentina con el propósito de tantear la opinión del secretario de Estado. Hay que recordar que, en aquella época, gran número de estudiantes, intelectuales, trabajadores, profesionales y otras personas a las que la dictadura tildaba de "subversivas" eran arrestadas y conducidas por comandos del Ejército a campos de concentración. Allí, dichas personas eran sometidas a atroces torturas y, posteriormente, asesinadas.
Según el cable, Kissinger preguntó a Guzzetti cuánto tiempo más duraría el reinado del terror en Argentina. Cuando Guzzetti prometió que "el problema terrorista" sería eliminado en seis meses, Kissinger dio su aprobación expresa al almirante para que la junta siguiera adelante con su política.
Así pues, los documentos desclasificados muestran que Kissinger y otros altos responsables norteamericanos dieron luz verde a los jefes de la junta militar para que llevaran a cabo sus crímenes y estuvieron en todo momento bien informados acerca de ellos.
Muchos de los documentos desclasificados incluyen descripciones detalladas de los métodos de tortura empleados por los militares contra los opositores detenidos. Un memorándum de la Embajada de EEUU de 1979 da los siguientes detalles: ".... quemaduras de cigarrillos, violaciones, abusos sexuales, extracción de los dientes, uñas y ojos, derramamiento de agua, aceite hirviendo o ácido sobre los cuerpos de los detenidos, o incluso la castración".
Entre los papeles se encuentra también una declaración de la Embajada de 1977, en la que se relata cómo las mujeres detenidas eran torturadas por medio de corrientes eléctricas, introducción de sus cabezas en cubos de agua hasta casi ahogarse, violación física por parte de sus torturadores o por medios mecánicos, introducción de ratas y arañas en sus vaginas, mordeduras de perros, torturas de sus parientes o compañeros delante de ellas, golpes en sus vientres para que abortaran, etc.".
Otros informes hablan de mujeres golpeadas con las culatas de los rifles hasta perder el conocimiento, madres obligadas a ver cómo sus hijos eran torturados y bebés separados de sus madres, que luego eran ejecutadas. Todo esto es lo que Kissinger y otros miembros de la clase dirigente norteamericana aprobaron, con tal de que todo transcurriera "de la forma más rápida posible".
link: http://www.youtube.com/watch?v=egSQCib6Rhw
Los responsables norteamericanos escribieron también memorándums que dejan claro que, bajo la cobertura de la "guerra contra la subversión", la junta pretendía en realidad destruir todos los movimientos sociales de oposición. Un documento elaborado por Harry Shlaudeman -un alto responsable para América Latina del Departamento de Estado- para la atención de Kissinger en agosto de 1976 comparaba los objetivos del plan de "desarrollo nacional" de la junta militar argentina con los del régimen nazi.
"La ideología del desarrollo nacional tiene obvios paralelismos con el nacionalsocialismo. Los opositores al régimen militar llaman a éste fascista. Aunque este término se emplea normalmente con una finalidad peyorativa, hay que decir que él puede ser en este caso adecuado técnicamente.... Para que su plan económico funcione, ellos tienen que destruir el poder de las estructuras tradicionales y, especialmente, el movimiento sindical".
Así, mientras que los responsables norteamericanos se molestaron en advertir a los militares argentinos en contra de la tortura de sacerdotes, no tuvieron palabra alguna que decir acerca de la represión dirigida contra el movimiento sindical o asociativo. Un mes después de que fuera elaborado el memorándum de Shlaudeman, los militares intervinieron con brutalidad para eliminar una huelga en el sector automovilístico que afectaba a varias fábricas, incluyendo una de la multinacional Ford -situada en General Pacheco, cerca de Buenos Aires- que más tarde se convertiría en uno de los centros de tortura del régimen militar. Pese a haber dictado largas condenas de prisión para los líderes de la huelga, las autoridades hicieron poco uso del sistema legal. En su lugar, la Junta emprendió una campaña de terror, con secuestros, torturas y ejecuciones sumarias, con el fin de acabar con el conflicto.
En marzo de 1978, un informe de la Embajada estadounidense en Buenos Aires estimó que el número de desaparecidos alcanzaba entonces una cifra situada entre los 12.000 y los 17.000. Según el informe, una parte importante de los desaparecidos eran trabajadores y activistas sindicales acusados de promover huelgas. En muchos casos, los familiares de los trabajadores eran también secuestrados. En total, el documento menciona la cifra de unos 3.000 familiares desaparecidos.
El memorándum elaborado por Shlaudeman también detalla el lanzamiento de la así llamada Operación Cóndor, una red de cooperación organizada entre las policías secretas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia que permitía la captura y ejecución de opositores políticos por parte de la policía de cualquiera de tales estados más allá de sus fronteras nacionales. Los regímenes militares que gobernaban todos estos países alcanzaron el poder tras derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, para lo cual contaron con la colaboración de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. La Operación Cóndor permitió secuestrar y hacer "desaparecer" a los opositores políticos mediante operaciones transnacionales, que incluyeron la utilización de "escuadrones de la muerte" para asesinar a aquéllos en cualquier lugar del mundo. El crimen más infame a este respecto tuvo lugar en las calles de Washington, donde un coche bomba mató al antiguo ministro de Exteriores de Chile, Orlando Letelier, en septiembre de 1976.
Los documentos muestran que la Administración Carter (1977-80) expresó su impaciencia hacia las políticas de la Junta Militar argentina, por sus abiertas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, como dejan claro dos informes de1978, lo que realmente temía el gobierno de EEUU es que una represión indiscriminada acabara provocando revueltas y la desestabilización de Argentina.
Uno de estos documentos, fechado el 1 de marzo de 1978, reconoce que varios cuerpos desnudos, decapitados y con las manos esposadas habían aparecido en las playas de Río de la Plata. Un memorándum enviado dos semanas más tarde por la Embajada a Washington contiene una advertencia del embajador norteamericano en el sentido de que la represión continuada podía producir la radicalización de diversos sectores de la sociedad argentina, que estaban demandando ya que se diera a conocer una lista con los nombres de los desaparecidos. Sin embargo, el embajador recomendaba que EEUU continuara prestando su apoyo a la dictadura argentina basándose en la ridícula afirmación de que la actuación de la Junta Militar en el terreno de los derechos humanos "estaba mejorando".
Como otros documentos señalan, el descenso en el número de desaparecidos en 1978 se limitaba a reflejar la extrema dureza de la represión durante los dos primeros años de la dictadura (1976-77). Un informe de febrero de 1979 que trata acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año anterior refleja que el número de desapariciones en 1978 disminuyó a causa de "la escasez de objetivos tras dos años de una represión a gran escala".
En el verano de 1977, el Senado de EEUU aprobó una legislación que prohibía la ayuda militar a Argentina si en un plazo de dos años el régimen no mejoraba su actuación en el terreno de los derechos humanos. Uno de los documentos desclasificados -una carta del senador Edward Kennedy al secretario de Estado Cyrus Vance- sugiere que la Administración Carter intentaba burlar la legislación al apresurar los envíos de material militar a Argentina antes de que concluyera el plazo límite marcado por el Senado
Otro memorándum de la Embajada de EEUU, fechado en julio de 1977 y dirigido al secretario de Estado adjunto Terence Todman, en la víspera de su visita a Argentina, muestra a las claras la actitud de la Administración Carter. El memorándum aconsejaba a Todman que manifestara a los dictadores argentinos que EEUU "celebraba la declaración oficial argentina de que la guerra contra el terrorismo estaba a punto de ganarse".
El documento aconsejaba, sin embargo, a Todman que transmitiera a la Junta que "lo que más inquieta a muchos de los amigos de Argentina son las dramáticas desapariciones", citando el caso concreto del secuestro de un antiguo embajador. No obstante, el documento no refleja ninguna inquietud por la suerte de los miles de estudiantes o trabajadores desaparecidos. Finalmente, contenía un elogio a la política económica de la Junta: "Deseamos mostrar nuestra satisfacción por el proceso de estabilización que está teniendo lugar en Argentina. Estamos complacidos por el hecho de que los inversores extranjeros estén hallando ahora un clima mucho más favorable en el país".
Con la llegada al poder de la Administración Reagan en 1981, EEUU estrechó sus relaciones con la Junta Militar argentina sin preocuparse ya de ninguna consideración acerca de la situación de los derechos humanos. El régimen argentino proporcionó entrenamiento y ayudas a los mercenarios de la contra de Nicaragua en su campaña en contra del gobierno sandinista en los años ochenta y participó también, de diversas formas, en las operaciones contrainsurgencia conjuntas que tuvieron lugar en El Salvador y otros países de América Central. Un cable del Departamento de Estado, fechado el 24 de marzo de 1981, informa de las negociaciones iniciales que condujeron a la participación argentina en tales operaciones. Aunque la Embajada norteamericana continuó enviando informes acerca de desapariciones y violaciones de los derechos humanos, Washington sencillamente las ignoró.
La creciente oposición a la dictadura acabó cristalizando en masivas manifestaciones de protesta en los últimos días de marzo de 1982 y en diversos disturbios en las calles de Buenos Aires. Los documentos enviados por la Embajada de EEUU en aquella época muestran una creciente preocupación por la estabilidad del régimen.
En abril de 1982, en un intento de ganar apoyo popular y neutralizar a la oposición mediante la elevación del sentimiento nacionalista, el jefe de la Junta, general Leopoldo Galtieri, lanzó una invasión mal planificada contra las Islas Malvinas, una posesión colonial británica. La Junta Militar argentina creyó ingenuamente que los servicios prestados a EEUU en América Central harían que Washington presionara a Londres para que aceptara el hecho consumado y abandonara las islas en manos argentinas. Sin embargo, la Administración Reagan respaldó al Reino Unido y le ayudó a montar una ofensiva aeronaval que terminó con la recuperación británica de las islas y una masacre de reclutas argentinos, que se hallaban en ellas en una situación deplorable. La derrota humillante supuso la sentencia de muerte para el régimen militar.
Entre los documentos de esa época figuran varios informes de oficiales de la inteligencia norteamericana que podrían ser utilizados en el previsto juicio a Galtieri por su implicación en el secuestro y ejecución de varios exiliados argentinos capturados en Brasil en los años 1979-80. El antiguo general se haya actualmente en una situación de arresto domiciliario.
Aunque muchos de los documentos desclasificados tienen una antigüedad de al menos 25 años, sus repetidas justificaciones de los asesinatos y torturas llevadas a cabo por los militares, no sólo en Argentina sino en toda América Latina, en el nombre de la "guerra contra el terrorismo" suenan demasiado familiares en la actualidad.
Esto no es una mera coincidencia histórica. Henry Kissinger continúa siendo una figura muy influyente en los sectores que dirigen la política exterior norteamericana. Además, muchos de los que dirigen hoy en Washington la política que combina el asalto contra los derechos democráticos dentro de EEUU y la ola de militarismo desenfrenado en el extranjero, son los mismos que en su día jugaron un papel clave a la hora de consolidar el apoyo norteamericano a la Junta Militar argentina en los años setenta.
En el momento en que tuvo lugar el golpe de estado de 1976 en Argentina, el actual vicepresidente Dick Cheney era el jefe de personal de la Casa Blanca. Él había servido anteriormente en el seno de la Administración Nixon y, más tarde, en el equipo de transición que dispuso la transferencia de poderes a la Administración Ford tras el estallido del escándalo Watergate y la dimisión de Nixon. Por su parte, el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ocupaba entonces la misma posición que en la actualidad. Desde ésta posición, Rumsfeld supervisó la coordinación de la ayuda militar a la junta militar argentina y a otros regímenes dictatoriales que estaban utilizando sus ejércitos para reprimir y masacrar a sus propios pueblos. Así pues, junto con Kissinger, Cheney y Rumsfeld formaban parte del equipo que dirigió la política exterior de EEUU en aquel período.
Henry Kissinger está siendo hoy reclamado por diversos tribunales en España, Argentina, Chile, Francia y otros países para que conteste a las preguntas acerca de su implicación en el diseño de los golpes de estado que derribaron a varios gobiernos latinoamericanos democráticamente elegidos y en la concesión de la ayuda militar a regímenes que llevaron a cabo innumerables y masivos crímenes. En la actualidad, Kissinger ya no viaja al extranjero sin recibir antes garantías de que no será detenido.
La realidad es que existen sólidos fundamentos para enjuiciar por el cargo de crímenes contra la humanidad no sólo a Henry Kissinger, sino a varios de los principales dirigentes norteamericanos de la actualidad. Algunos de estos dirigentes, como Cheney y Rumsfeld, que están en la actualidad presionando a Bush para que lance una guerra de agresión contra Iraq, tienen también muchas preguntas que responder acerca de su papel en los crímenes cometidos hace ahora un cuarto de siglo en Argentina bajo el mismo eslogan de la "lucha contra el terrorismo" que se utiliza hoy. Ellos proporcionaron el apoyo indispensable que diversos regímenes dictatoriales, como el de Argentina y otros, necesitaban para matar y torturar a decenas de miles de personas y encarcelar a varios cientos de miles más.
Cuando los militares dan el golpe en Argentina en 1976, el Plan Cóndor ya estaba en marcha.
A comienzos de la década del 90 se descubren en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya.Pero estos documentos, que ganaron el macabro nombre de "los archivos del terror", no sólo informaban del accionar de esa fuerza, sino que revelaban la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos.
Los documentos secretos paraguayos destaparon el Plan Cóndor. Martín Almada, uno de los abogados paraguayos que descubrió los archivos, explicó a la BBC la naturaleza de la información hallada en Asunción.
"En los archivos secretos se descubrió un documento que tiene el título de 'Reunión de Inteligencia', que yo bauticé como el acta de nacimiento del operativo Cóndor".
"Este documento es una síntesis de la reunión en Santiago de Chile a fines de noviembre, comienzos de diciembre de 1975. Se plasma en los papeles lo que ya se venía actuando en la práctica", sostuvo Almada.
Coordinación previa
La periodista chilena Patricia Verdugo, autora de los libros "Los Zarpazos del Puma", sobre la Caravana de la Muerte, e "Interferencia Secreta", sobre el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, coincide con Almada en que la coordinación entre gobiernos había comenzado antes.
El asesinato de Carlos Prats fue una de las primeras acciones del Plan Cóndor.
"Podemos decir que ya en el año 74, los esbozos de la Operación Cóndor están a la vista".
"En septiembre de 1974 es asesinado en Buenos Aires, el general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército. Para esa operación, agentes de la DINA chilenos se movilizaron a Buenos Aires y contaron, obviamente, con la colaboración argentina", señala Verdugo.
Para Angélica Prats, hija del ex militar chileno que se había opuesto al golpe militar, el atentado en la capital argentina muestra la coordinación entre servicios de inteligencia.
"Nosotros creemos que el asesinato de nuestro padre fue probablemente la primera incursión que hubo en este acuerdo para actuar. No dudamos de que los servicios chilenos jamás podrían haber actuado sin la aprobación de algún sector de los servicios argentinos", dice.
Los objetivos del Cóndor
Los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen
Susana García Iglesias, abogada argentinaSusana García Iglesias, abogada argentina colaboradora del juez español Baltazar Garzón, describió a la BBC cómo funcionaba la coordinación:"Los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen".
"Esta colaboración implicaba evidentemente el desconocimiento de las fronteras. Lo digo especialmente porque muchos de ellos en los últimos tiempos, a la hora de ser juzgados, apelan al argumento de la soberanía nacional".
Patricia Verdugo destaca que estas acciones iban más allá de las fronteras sudamericanas.
"Vemos en el año '75 que se opera en Italia, al intentar matar a Bernardo Leighton, un alto dirigente del partido Demócrata Cristiano de Chile, que estaba exiliado en Roma".
Los servicios secretos de Pinochet son acusados de actuar en varios países, inclusive EE.UU e Italia.
"Y en el año 76 estamos viendo la Operación Cóndor en pleno, cuando actúa la coordinación chileno-paraguaya para poder llevar a los asesinos a Washington y en septiembre matar al ex canciller chileno Orlando Letelier".
Pero Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del gobierno de Pinochet, negó a la BBC que los servicios de inteligencia de Chile estuvieran involucrados en estos atentados.
"Al que menos le convenía cualquier atentado realizado por agentes terroristas afuera de Chile era al gobierno de Augusto Pinochet, menos en ese momento, porque eso traía problemas internacionales y mucho mayor rechazo, interno y externo, al gobierno militar que mandaba en Chile".
La influencia brasileña
Además de los archivos encontrados en Paraguay, otro de los documentos clave es el que el agente del FBI Robert Scherrer envió desde Buenos Aires a sus superiores en Estados Unidos en septiembre de 1976, que revelaba la existencia del Plan Cóndor.
La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas
Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del SurPero Loyola Guzmán, esposa de un desaparecido boliviano y presidenta de la Organización de Desaparecidos en ese país, insistió a la BBC que la colaboración entre gobiernos militares se remonta a mucho antes."Hay un antecedente del plan Cóndor en el asesoramiento que dio la dictadura brasileña a otros países. Hay que recordar que Brasil ya desde 1964 comienza a vivir un régimen dictatorial".
"En nuestro caso concreto, Brasil ofreció ayuda y asesoramiento al gobierno militar que había subido al poder el 21 de agosto del '71, liderado por el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez.
Carlos Tiburcio, vicepresidente de la Organización anti-tortura "Nunca Más" de Brasil, explicó que la presencia brasileña también se hacía sentir en el Chile de Salvador Allende.
"Yo estaba exiliado en Chile y en la época del gobierno de Allende, la represión brasileña ya estaba presente en Santiago", aseguró.
"Los que estábamos en Chile teníamos noticia de la presencia de militares y agentes de la represión que filmaban y fotografiaban a los brasileños que participaban de las manifestaciones políticas, para que en el caso de volver a Brasil, pudieran ser detenidos y muertos como algunos lo fueron", recuerda Tiburcio.
Inspiración y entrenamiento
Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, le dijo a la BBC que el gobierno militar brasileño fue más allá de filmaciones y fotografías de exiliados en Chile.
"La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas".
Pero Brasil no se limitaba a asesorar a otros gobiernos, sino que recibía a agentes de otros países en su territorio para perseguir a opositores políticos, según el exiliado uruguayo Universindo Díaz, detenido y torturado en Porto Alegre.
"A mí me llevaron a la sede de la policía secreta y comenzaron a golpearme brutalmente. Me colgaron del techo y me dieron picana mientras me interrogaban. Los agentes brasileños me pegaban y había agentes uruguayos que me interrogaban".
La justicia argentina pidió a comienzos del año pasado información a Brasil, sobre el destino de tres argentinos desaparecidos en ese país.
Según los informes de la CONADEP, la comisión argentina que investigó las despariciones durante el gobierno militar, al menos doce argentinos fueron desaparecidos en Brasil.
La colaboración habría sido mutua. Jair Krichke cree que nueve brasileños desaparecieron en Argentina.
Los otros países
Según los testimonios, el gobierno militar de Brasil fue el que mostró el camino a los regímenes de facto. Chile fue la sede donde el Plan Cóndor se diseñó.
América del Sur aún llora las consecuencias de la alianza militar regional.
Por su parte, Argentina fue el país sudamericano donde más desapariciones se produjeron. La CONADEP publicó en su informe de 1984 más de 9.000 casos, pero organismos de derechos humanos sostienen que hubo 30.000.
En este esquema, también habrían cumplido una función los otros tres países.
Para el abogado paraguayo Martín Almada, su país fue el archivo:
"Leyendo los archivos del terror, uno descubre que Paraguay era más o menos como el banco de datos del Plan Cóndor. Por eso están los papeles de Cóndor en Paraguay".
Militantes políticos argentinos exiliados en Paraguay también han señalado que en diferentes ocasiones fueron detenidos en ese país por la policía local, pero terminaron siendo interrogados por agentes de Argentina.
Acción efectiva
El analista político boliviano Carlos Mesa le dijo a la BBC que la participación de su país fue menor, pero no por eso menos importante.
"Bolivia tuvo importancia sobre todo para suministrar tanto a Chile como a Argentina información sobre el movimiento de lo que entonces se llamaba 'subversivos' argentinos y chilenos dentro del territorio boliviano".
"Además, el gobierno militar boliviano garantizó que en caso de ser detenidos, estos 'subversivos' serían entregados, como sucedió en algunos casos, a los gobiernos de esos países".
Hugo Bánzer ha negado sistemáticamente la existencia del Plan Cóndor.
El ex gobernante militar y civil de Bolivia, Hugo Bánzer, ha negado sistemáticamente la existencia del Plan Cóndor.
Por su parte, Samuel Blixen, periodista uruguayo que investigó a fondo la alianza militar regional, describió a la BBC la función de su país.
La particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejército argentino
Samuel Blixen, periodista uruguayo"La participación uruguaya consistió fundamentalmente en el traslado de comandos uruguayos a Argentina, que se dedicaron a buscar, secuestrar, torturar y desaparecer a exiliados uruguayos en Argentina"."A su vez, algunos oficiales argentinos operaron en Uruguay para secuestrar gente en Uruguay y trasladarla a Argentina".
"La particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejército argentino", destacó Blixen.
Uruguay parece constituir un ejemplo claro de lo efectiva que fue la coordinación entre los militares sudamericanos. Mientras 32 uruguayos desaparecieron en su propio país, más de 150 desaparecieron en Argentina, ocho en Chile y dos en Paraguay.
La larga mano del Plan Cóndor también alcanzó a dos legisladores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976.
Bolivia fue uno de los países en los que actuaron agentes de la dictadura pinochetista.
Una serie de archivos desclasificados ayer por el Ministerio de Defensa de Chile revela que el exdictador chileno Augusto Pinochet coordinó, en la década del 70, de manera directa, mediante un enviado, la aplicación del represivo Plan Cóndor con el entonces presidente de facto boliviano, Hugo Banzer Suárez.
Según los documentos, la Central Nacional de Inteligencia (CNI) de la dictadura chilena impulsó operaciones secretas en la región contra los opositores de izquierda y envió a oficiales de inteligencia a representaciones diplomáticas para ejecutar la acción represiva internacional.
En 1978, el jefe de la policía secreta de la dictadura, coronel Manuel Contreras, condenado a prisión perpetua por un centenar de procesos, envió al militar León González a Bolivia, quien durante su misión en el país ascendió de capitán a coronel.
Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los organismos represivos chilenos, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), primero, y la CNI, después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades para coordinar operaciones en todo el mundo.
Contreras, quien como director de la Dina planificó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad, incluso, para investigar a funcionarios y autoridades del Estado.
SU Presencia en Bolivia. En 1978, la CNI reemplazó a la Dina como agencia de inteligencia de Chile. Desde sus oficinas fueron orquestadas operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, y desde consulados y embajadas siguieron de cerca a los exiliados chilenos en esos países.
Por ejemplo, el 17 de marzo de 1978, el entonces viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, general de brigada Enrique Valdés Puga, envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena.
“De acuerdo con lo conversado con ustedes sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como consejeros administrativos o civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”.
Los textos revelan también correspondencia con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos.
Plan Ipsilon. Una iniciativa diseñada en junio de 1975 reaccionó ante la visita a Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Intentó desviar la atención de los observadores con acciones en Bolivia, Perú y Argentina a través del Plan Cóndor.
50.000 asesinados fue el resultado de la aplicación del Plan Cóndor en la región entre 1975 y 1989.
El plan cóndor fue la coordinación entre las dictaduras de Sudamérica contra la izquierda con el apoyo de la Central de Inteligencia de EEUU.
Dicho plan fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la represión chilena, y los responsables de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
A partir de 1976, los organismos de inteligencia chilenos y argentinos fueron la vanguardia del Plan Cóndor.
La división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura y capacitó a represores en 1975 en Brasil.
21 de agosto de 1971, Hugo Banzer lidera un golpe de Estado en el que participan aliados, militares, el MNR y la FSB.
11 de septiembre de 1973, en Chile, el presidente socialista Salvador Allende es derrocado por Augusto Pinochet.
COORDINACIÓN. Los dictadores Pinochet y Banzer en 1974 en Charaña. - Redaccion central La Prensa
Los 4.677 documentos desclasificados muestran la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes.
Una gran parte de esta documentación está compuesta por los telegramas, memorándums y cables que fueron intercambiados entre la Embajada de EEUU en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington. Estos escritos ponen en evidencia que tres Administraciones estadounidenses consecutivas -las de Ford, Carter y Reagan- colaboraron con la junta militar, pese a ser plenamente conscientes de los crímenes y atrocidades que se estaban cometiendo en Argentina en el nombre de la "lucha contra el terrorismo". Los gobiernos norteamericanos estaban bien informados de lo que sucedía gracias a la estrecha relación de los funcionarios de la Embajada con los militares que dirigían los "escuadrones de la muerte" y los centros de tortura.
Sin embargo, Washington veía estas acciones criminales como algo necesario para salvaguardar los intereses de EEUU y los de la élite gobernante argentina.
Los documentos fueron desclasificados en base a una petición de varias organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos, incluyendo la de las Madres de Plaza de Mayo, formulada a la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante una visita de ésta a Buenos Aires en el año 2000. Sin embargo, los documentos hechos públicos pertenecen sólo al Departamento de Estado. Los de la CIA y el Pentágono, que podrían aportar informaciones incluso más relevantes, en especial acerca de los responsables militares y de inteligencia de EEUU involucrados más directamente en los crímenes de la dictadura argentina, continúan clasificados.
El lenguaje diplomático utilizado en los documentos del Departamento de Estado oculta en buena medida el papel jugado por EEUU en la represión de Argentina. El nivel real de la implicación norteamericana queda reflejado en algunos documentos en los que se detallan fricciones entre los diplomáticos de carrera estadounidenses destinados en Argentina, que sermoneaban en diversas ocasiones a los militares argentinos por sus violaciones de los derechos humanos, y algunos responsables políticos y militares de Washington que pedían a aquéllos que continuaran con su represión.
Entre los documentos más relevantes puede citarse un cable enviado por el embajador norteamericano, Richard Hill, al Departamento de Estado en octubre de 1976. En él se describe la reacción "eufórica" del ministro de Exteriores de Argentina, Almirante César Guzzetti, tras una visita a Washington donde mantuvo conversaciones con el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger; el vicepresidente, Nelson Rockefeller, y otros altos responsables.
Según el cable, en sus conversaciones con Guzzetti, Kissinger y Rockefeller manifestaron que "comprendían" que la dictadura argentina "se viera obligada" a emplear métodos represivos y pidieron únicamente a la junta militar que "acabara con el problema del terrorismo tan rápidamente como fuera posible". Otros responsables norteamericanos aconsejaron amistosamente a Guzzetti que evitara tomar medidas represivas contra los clérigos de la Iglesia Católica y controlara a una facción radical del Ejército que utilizaba esvásticas nazis y otros símbolos fascistas en las prisiones y las cámaras de tortura.
"Guzzetti fue a EEUU temiendo que recibiría allí reproches o advertencias por parte de las autoridades norteamericanas por las atrocidades cometidas por la junta militar". Sin embargo, escribe el embajador Hill, "él volvió a Argentina en un estado de euforia, convencido de que el gobierno de EEUU no pondría ningún reparo al proceder de las autoridades argentinas en este tema (de la represión contra la oposición)".
En la víspera de la visita de Guzzetti, el embajador Hill envió otro mensaje al Departamento de Estado en el que manifestaba que había advertido al almirante argentino que "el asesinato de sacerdotes y el arrojar 47 cuerpos en la calle en un solo día no va a ser considerado por la opinión pública como una medida apropiada para una victoria rápida frente a los terroristas; por el contrario, estas acciones serán con toda probabilidad contraproducentes".
Durante las conversaciones celebradas en Washington, Kissinger repitió el mismo mensaje que había transmitido a Guzzetti en un encuentro de la Organización de Estados Americanos, celebrado en Santiago de Chile cuatro meses antes. En aquella cumbre, según desvela un cable anteriormente desclasificado, Guzzetti se entrevistó con Kissinger y sacó a relucir el tema de la guerra sucia en Argentina con el propósito de tantear la opinión del secretario de Estado. Hay que recordar que, en aquella época, gran número de estudiantes, intelectuales, trabajadores, profesionales y otras personas a las que la dictadura tildaba de "subversivas" eran arrestadas y conducidas por comandos del Ejército a campos de concentración. Allí, dichas personas eran sometidas a atroces torturas y, posteriormente, asesinadas.
Según el cable, Kissinger preguntó a Guzzetti cuánto tiempo más duraría el reinado del terror en Argentina. Cuando Guzzetti prometió que "el problema terrorista" sería eliminado en seis meses, Kissinger dio su aprobación expresa al almirante para que la junta siguiera adelante con su política.
Así pues, los documentos desclasificados muestran que Kissinger y otros altos responsables norteamericanos dieron luz verde a los jefes de la junta militar para que llevaran a cabo sus crímenes y estuvieron en todo momento bien informados acerca de ellos.
Muchos de los documentos desclasificados incluyen descripciones detalladas de los métodos de tortura empleados por los militares contra los opositores detenidos. Un memorándum de la Embajada de EEUU de 1979 da los siguientes detalles: ".... quemaduras de cigarrillos, violaciones, abusos sexuales, extracción de los dientes, uñas y ojos, derramamiento de agua, aceite hirviendo o ácido sobre los cuerpos de los detenidos, o incluso la castración".
Entre los papeles se encuentra también una declaración de la Embajada de 1977, en la que se relata cómo las mujeres detenidas eran torturadas por medio de corrientes eléctricas, introducción de sus cabezas en cubos de agua hasta casi ahogarse, violación física por parte de sus torturadores o por medios mecánicos, introducción de ratas y arañas en sus vaginas, mordeduras de perros, torturas de sus parientes o compañeros delante de ellas, golpes en sus vientres para que abortaran, etc.".
Otros informes hablan de mujeres golpeadas con las culatas de los rifles hasta perder el conocimiento, madres obligadas a ver cómo sus hijos eran torturados y bebés separados de sus madres, que luego eran ejecutadas. Todo esto es lo que Kissinger y otros miembros de la clase dirigente norteamericana aprobaron, con tal de que todo transcurriera "de la forma más rápida posible".
link: http://www.youtube.com/watch?v=egSQCib6Rhw
Los responsables norteamericanos escribieron también memorándums que dejan claro que, bajo la cobertura de la "guerra contra la subversión", la junta pretendía en realidad destruir todos los movimientos sociales de oposición. Un documento elaborado por Harry Shlaudeman -un alto responsable para América Latina del Departamento de Estado- para la atención de Kissinger en agosto de 1976 comparaba los objetivos del plan de "desarrollo nacional" de la junta militar argentina con los del régimen nazi.
"La ideología del desarrollo nacional tiene obvios paralelismos con el nacionalsocialismo. Los opositores al régimen militar llaman a éste fascista. Aunque este término se emplea normalmente con una finalidad peyorativa, hay que decir que él puede ser en este caso adecuado técnicamente.... Para que su plan económico funcione, ellos tienen que destruir el poder de las estructuras tradicionales y, especialmente, el movimiento sindical".
Así, mientras que los responsables norteamericanos se molestaron en advertir a los militares argentinos en contra de la tortura de sacerdotes, no tuvieron palabra alguna que decir acerca de la represión dirigida contra el movimiento sindical o asociativo. Un mes después de que fuera elaborado el memorándum de Shlaudeman, los militares intervinieron con brutalidad para eliminar una huelga en el sector automovilístico que afectaba a varias fábricas, incluyendo una de la multinacional Ford -situada en General Pacheco, cerca de Buenos Aires- que más tarde se convertiría en uno de los centros de tortura del régimen militar. Pese a haber dictado largas condenas de prisión para los líderes de la huelga, las autoridades hicieron poco uso del sistema legal. En su lugar, la Junta emprendió una campaña de terror, con secuestros, torturas y ejecuciones sumarias, con el fin de acabar con el conflicto.
En marzo de 1978, un informe de la Embajada estadounidense en Buenos Aires estimó que el número de desaparecidos alcanzaba entonces una cifra situada entre los 12.000 y los 17.000. Según el informe, una parte importante de los desaparecidos eran trabajadores y activistas sindicales acusados de promover huelgas. En muchos casos, los familiares de los trabajadores eran también secuestrados. En total, el documento menciona la cifra de unos 3.000 familiares desaparecidos.
El memorándum elaborado por Shlaudeman también detalla el lanzamiento de la así llamada Operación Cóndor, una red de cooperación organizada entre las policías secretas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia que permitía la captura y ejecución de opositores políticos por parte de la policía de cualquiera de tales estados más allá de sus fronteras nacionales. Los regímenes militares que gobernaban todos estos países alcanzaron el poder tras derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, para lo cual contaron con la colaboración de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. La Operación Cóndor permitió secuestrar y hacer "desaparecer" a los opositores políticos mediante operaciones transnacionales, que incluyeron la utilización de "escuadrones de la muerte" para asesinar a aquéllos en cualquier lugar del mundo. El crimen más infame a este respecto tuvo lugar en las calles de Washington, donde un coche bomba mató al antiguo ministro de Exteriores de Chile, Orlando Letelier, en septiembre de 1976.
Los documentos muestran que la Administración Carter (1977-80) expresó su impaciencia hacia las políticas de la Junta Militar argentina, por sus abiertas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, como dejan claro dos informes de1978, lo que realmente temía el gobierno de EEUU es que una represión indiscriminada acabara provocando revueltas y la desestabilización de Argentina.
Uno de estos documentos, fechado el 1 de marzo de 1978, reconoce que varios cuerpos desnudos, decapitados y con las manos esposadas habían aparecido en las playas de Río de la Plata. Un memorándum enviado dos semanas más tarde por la Embajada a Washington contiene una advertencia del embajador norteamericano en el sentido de que la represión continuada podía producir la radicalización de diversos sectores de la sociedad argentina, que estaban demandando ya que se diera a conocer una lista con los nombres de los desaparecidos. Sin embargo, el embajador recomendaba que EEUU continuara prestando su apoyo a la dictadura argentina basándose en la ridícula afirmación de que la actuación de la Junta Militar en el terreno de los derechos humanos "estaba mejorando".
Como otros documentos señalan, el descenso en el número de desaparecidos en 1978 se limitaba a reflejar la extrema dureza de la represión durante los dos primeros años de la dictadura (1976-77). Un informe de febrero de 1979 que trata acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año anterior refleja que el número de desapariciones en 1978 disminuyó a causa de "la escasez de objetivos tras dos años de una represión a gran escala".
En el verano de 1977, el Senado de EEUU aprobó una legislación que prohibía la ayuda militar a Argentina si en un plazo de dos años el régimen no mejoraba su actuación en el terreno de los derechos humanos. Uno de los documentos desclasificados -una carta del senador Edward Kennedy al secretario de Estado Cyrus Vance- sugiere que la Administración Carter intentaba burlar la legislación al apresurar los envíos de material militar a Argentina antes de que concluyera el plazo límite marcado por el Senado
Otro memorándum de la Embajada de EEUU, fechado en julio de 1977 y dirigido al secretario de Estado adjunto Terence Todman, en la víspera de su visita a Argentina, muestra a las claras la actitud de la Administración Carter. El memorándum aconsejaba a Todman que manifestara a los dictadores argentinos que EEUU "celebraba la declaración oficial argentina de que la guerra contra el terrorismo estaba a punto de ganarse".
El documento aconsejaba, sin embargo, a Todman que transmitiera a la Junta que "lo que más inquieta a muchos de los amigos de Argentina son las dramáticas desapariciones", citando el caso concreto del secuestro de un antiguo embajador. No obstante, el documento no refleja ninguna inquietud por la suerte de los miles de estudiantes o trabajadores desaparecidos. Finalmente, contenía un elogio a la política económica de la Junta: "Deseamos mostrar nuestra satisfacción por el proceso de estabilización que está teniendo lugar en Argentina. Estamos complacidos por el hecho de que los inversores extranjeros estén hallando ahora un clima mucho más favorable en el país".
Con la llegada al poder de la Administración Reagan en 1981, EEUU estrechó sus relaciones con la Junta Militar argentina sin preocuparse ya de ninguna consideración acerca de la situación de los derechos humanos. El régimen argentino proporcionó entrenamiento y ayudas a los mercenarios de la contra de Nicaragua en su campaña en contra del gobierno sandinista en los años ochenta y participó también, de diversas formas, en las operaciones contrainsurgencia conjuntas que tuvieron lugar en El Salvador y otros países de América Central. Un cable del Departamento de Estado, fechado el 24 de marzo de 1981, informa de las negociaciones iniciales que condujeron a la participación argentina en tales operaciones. Aunque la Embajada norteamericana continuó enviando informes acerca de desapariciones y violaciones de los derechos humanos, Washington sencillamente las ignoró.
La creciente oposición a la dictadura acabó cristalizando en masivas manifestaciones de protesta en los últimos días de marzo de 1982 y en diversos disturbios en las calles de Buenos Aires. Los documentos enviados por la Embajada de EEUU en aquella época muestran una creciente preocupación por la estabilidad del régimen.
En abril de 1982, en un intento de ganar apoyo popular y neutralizar a la oposición mediante la elevación del sentimiento nacionalista, el jefe de la Junta, general Leopoldo Galtieri, lanzó una invasión mal planificada contra las Islas Malvinas, una posesión colonial británica. La Junta Militar argentina creyó ingenuamente que los servicios prestados a EEUU en América Central harían que Washington presionara a Londres para que aceptara el hecho consumado y abandonara las islas en manos argentinas. Sin embargo, la Administración Reagan respaldó al Reino Unido y le ayudó a montar una ofensiva aeronaval que terminó con la recuperación británica de las islas y una masacre de reclutas argentinos, que se hallaban en ellas en una situación deplorable. La derrota humillante supuso la sentencia de muerte para el régimen militar.
Entre los documentos de esa época figuran varios informes de oficiales de la inteligencia norteamericana que podrían ser utilizados en el previsto juicio a Galtieri por su implicación en el secuestro y ejecución de varios exiliados argentinos capturados en Brasil en los años 1979-80. El antiguo general se haya actualmente en una situación de arresto domiciliario.
Aunque muchos de los documentos desclasificados tienen una antigüedad de al menos 25 años, sus repetidas justificaciones de los asesinatos y torturas llevadas a cabo por los militares, no sólo en Argentina sino en toda América Latina, en el nombre de la "guerra contra el terrorismo" suenan demasiado familiares en la actualidad.
Esto no es una mera coincidencia histórica. Henry Kissinger continúa siendo una figura muy influyente en los sectores que dirigen la política exterior norteamericana. Además, muchos de los que dirigen hoy en Washington la política que combina el asalto contra los derechos democráticos dentro de EEUU y la ola de militarismo desenfrenado en el extranjero, son los mismos que en su día jugaron un papel clave a la hora de consolidar el apoyo norteamericano a la Junta Militar argentina en los años setenta.
En el momento en que tuvo lugar el golpe de estado de 1976 en Argentina, el actual vicepresidente Dick Cheney era el jefe de personal de la Casa Blanca. Él había servido anteriormente en el seno de la Administración Nixon y, más tarde, en el equipo de transición que dispuso la transferencia de poderes a la Administración Ford tras el estallido del escándalo Watergate y la dimisión de Nixon. Por su parte, el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ocupaba entonces la misma posición que en la actualidad. Desde ésta posición, Rumsfeld supervisó la coordinación de la ayuda militar a la junta militar argentina y a otros regímenes dictatoriales que estaban utilizando sus ejércitos para reprimir y masacrar a sus propios pueblos. Así pues, junto con Kissinger, Cheney y Rumsfeld formaban parte del equipo que dirigió la política exterior de EEUU en aquel período.
Henry Kissinger está siendo hoy reclamado por diversos tribunales en España, Argentina, Chile, Francia y otros países para que conteste a las preguntas acerca de su implicación en el diseño de los golpes de estado que derribaron a varios gobiernos latinoamericanos democráticamente elegidos y en la concesión de la ayuda militar a regímenes que llevaron a cabo innumerables y masivos crímenes. En la actualidad, Kissinger ya no viaja al extranjero sin recibir antes garantías de que no será detenido.
La realidad es que existen sólidos fundamentos para enjuiciar por el cargo de crímenes contra la humanidad no sólo a Henry Kissinger, sino a varios de los principales dirigentes norteamericanos de la actualidad. Algunos de estos dirigentes, como Cheney y Rumsfeld, que están en la actualidad presionando a Bush para que lance una guerra de agresión contra Iraq, tienen también muchas preguntas que responder acerca de su papel en los crímenes cometidos hace ahora un cuarto de siglo en Argentina bajo el mismo eslogan de la "lucha contra el terrorismo" que se utiliza hoy. Ellos proporcionaron el apoyo indispensable que diversos regímenes dictatoriales, como el de Argentina y otros, necesitaban para matar y torturar a decenas de miles de personas y encarcelar a varios cientos de miles más.
Cuando los militares dan el golpe en Argentina en 1976, el Plan Cóndor ya estaba en marcha.
A comienzos de la década del 90 se descubren en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya.Pero estos documentos, que ganaron el macabro nombre de "los archivos del terror", no sólo informaban del accionar de esa fuerza, sino que revelaban la coordinación de los gobiernos militares sudamericanos durante las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos.
Los documentos secretos paraguayos destaparon el Plan Cóndor. Martín Almada, uno de los abogados paraguayos que descubrió los archivos, explicó a la BBC la naturaleza de la información hallada en Asunción.
"En los archivos secretos se descubrió un documento que tiene el título de 'Reunión de Inteligencia', que yo bauticé como el acta de nacimiento del operativo Cóndor".
"Este documento es una síntesis de la reunión en Santiago de Chile a fines de noviembre, comienzos de diciembre de 1975. Se plasma en los papeles lo que ya se venía actuando en la práctica", sostuvo Almada.
Coordinación previa
La periodista chilena Patricia Verdugo, autora de los libros "Los Zarpazos del Puma", sobre la Caravana de la Muerte, e "Interferencia Secreta", sobre el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, coincide con Almada en que la coordinación entre gobiernos había comenzado antes.
El asesinato de Carlos Prats fue una de las primeras acciones del Plan Cóndor.
"Podemos decir que ya en el año 74, los esbozos de la Operación Cóndor están a la vista".
"En septiembre de 1974 es asesinado en Buenos Aires, el general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército. Para esa operación, agentes de la DINA chilenos se movilizaron a Buenos Aires y contaron, obviamente, con la colaboración argentina", señala Verdugo.
Para Angélica Prats, hija del ex militar chileno que se había opuesto al golpe militar, el atentado en la capital argentina muestra la coordinación entre servicios de inteligencia.
"Nosotros creemos que el asesinato de nuestro padre fue probablemente la primera incursión que hubo en este acuerdo para actuar. No dudamos de que los servicios chilenos jamás podrían haber actuado sin la aprobación de algún sector de los servicios argentinos", dice.
Los objetivos del Cóndor
Los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen
Susana García Iglesias, abogada argentinaSusana García Iglesias, abogada argentina colaboradora del juez español Baltazar Garzón, describió a la BBC cómo funcionaba la coordinación:"Los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen".
"Esta colaboración implicaba evidentemente el desconocimiento de las fronteras. Lo digo especialmente porque muchos de ellos en los últimos tiempos, a la hora de ser juzgados, apelan al argumento de la soberanía nacional".
Patricia Verdugo destaca que estas acciones iban más allá de las fronteras sudamericanas.
"Vemos en el año '75 que se opera en Italia, al intentar matar a Bernardo Leighton, un alto dirigente del partido Demócrata Cristiano de Chile, que estaba exiliado en Roma".
Los servicios secretos de Pinochet son acusados de actuar en varios países, inclusive EE.UU e Italia.
"Y en el año 76 estamos viendo la Operación Cóndor en pleno, cuando actúa la coordinación chileno-paraguaya para poder llevar a los asesinos a Washington y en septiembre matar al ex canciller chileno Orlando Letelier".
Pero Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del gobierno de Pinochet, negó a la BBC que los servicios de inteligencia de Chile estuvieran involucrados en estos atentados.
"Al que menos le convenía cualquier atentado realizado por agentes terroristas afuera de Chile era al gobierno de Augusto Pinochet, menos en ese momento, porque eso traía problemas internacionales y mucho mayor rechazo, interno y externo, al gobierno militar que mandaba en Chile".
La influencia brasileña
Además de los archivos encontrados en Paraguay, otro de los documentos clave es el que el agente del FBI Robert Scherrer envió desde Buenos Aires a sus superiores en Estados Unidos en septiembre de 1976, que revelaba la existencia del Plan Cóndor.
La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas
Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del SurPero Loyola Guzmán, esposa de un desaparecido boliviano y presidenta de la Organización de Desaparecidos en ese país, insistió a la BBC que la colaboración entre gobiernos militares se remonta a mucho antes."Hay un antecedente del plan Cóndor en el asesoramiento que dio la dictadura brasileña a otros países. Hay que recordar que Brasil ya desde 1964 comienza a vivir un régimen dictatorial".
"En nuestro caso concreto, Brasil ofreció ayuda y asesoramiento al gobierno militar que había subido al poder el 21 de agosto del '71, liderado por el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez.
Carlos Tiburcio, vicepresidente de la Organización anti-tortura "Nunca Más" de Brasil, explicó que la presencia brasileña también se hacía sentir en el Chile de Salvador Allende.
"Yo estaba exiliado en Chile y en la época del gobierno de Allende, la represión brasileña ya estaba presente en Santiago", aseguró.
"Los que estábamos en Chile teníamos noticia de la presencia de militares y agentes de la represión que filmaban y fotografiaban a los brasileños que participaban de las manifestaciones políticas, para que en el caso de volver a Brasil, pudieran ser detenidos y muertos como algunos lo fueron", recuerda Tiburcio.
Inspiración y entrenamiento
Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, le dijo a la BBC que el gobierno militar brasileño fue más allá de filmaciones y fotografías de exiliados en Chile.
"La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas".
Pero Brasil no se limitaba a asesorar a otros gobiernos, sino que recibía a agentes de otros países en su territorio para perseguir a opositores políticos, según el exiliado uruguayo Universindo Díaz, detenido y torturado en Porto Alegre.
"A mí me llevaron a la sede de la policía secreta y comenzaron a golpearme brutalmente. Me colgaron del techo y me dieron picana mientras me interrogaban. Los agentes brasileños me pegaban y había agentes uruguayos que me interrogaban".
La justicia argentina pidió a comienzos del año pasado información a Brasil, sobre el destino de tres argentinos desaparecidos en ese país.
Según los informes de la CONADEP, la comisión argentina que investigó las despariciones durante el gobierno militar, al menos doce argentinos fueron desaparecidos en Brasil.
La colaboración habría sido mutua. Jair Krichke cree que nueve brasileños desaparecieron en Argentina.
Los otros países
Según los testimonios, el gobierno militar de Brasil fue el que mostró el camino a los regímenes de facto. Chile fue la sede donde el Plan Cóndor se diseñó.
América del Sur aún llora las consecuencias de la alianza militar regional.
Por su parte, Argentina fue el país sudamericano donde más desapariciones se produjeron. La CONADEP publicó en su informe de 1984 más de 9.000 casos, pero organismos de derechos humanos sostienen que hubo 30.000.
En este esquema, también habrían cumplido una función los otros tres países.
Para el abogado paraguayo Martín Almada, su país fue el archivo:
"Leyendo los archivos del terror, uno descubre que Paraguay era más o menos como el banco de datos del Plan Cóndor. Por eso están los papeles de Cóndor en Paraguay".
Militantes políticos argentinos exiliados en Paraguay también han señalado que en diferentes ocasiones fueron detenidos en ese país por la policía local, pero terminaron siendo interrogados por agentes de Argentina.
Acción efectiva
El analista político boliviano Carlos Mesa le dijo a la BBC que la participación de su país fue menor, pero no por eso menos importante.
"Bolivia tuvo importancia sobre todo para suministrar tanto a Chile como a Argentina información sobre el movimiento de lo que entonces se llamaba 'subversivos' argentinos y chilenos dentro del territorio boliviano".
"Además, el gobierno militar boliviano garantizó que en caso de ser detenidos, estos 'subversivos' serían entregados, como sucedió en algunos casos, a los gobiernos de esos países".
Hugo Bánzer ha negado sistemáticamente la existencia del Plan Cóndor.
El ex gobernante militar y civil de Bolivia, Hugo Bánzer, ha negado sistemáticamente la existencia del Plan Cóndor.
Por su parte, Samuel Blixen, periodista uruguayo que investigó a fondo la alianza militar regional, describió a la BBC la función de su país.
La particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejército argentino
Samuel Blixen, periodista uruguayo"La participación uruguaya consistió fundamentalmente en el traslado de comandos uruguayos a Argentina, que se dedicaron a buscar, secuestrar, torturar y desaparecer a exiliados uruguayos en Argentina"."A su vez, algunos oficiales argentinos operaron en Uruguay para secuestrar gente en Uruguay y trasladarla a Argentina".
"La particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejército argentino", destacó Blixen.
Uruguay parece constituir un ejemplo claro de lo efectiva que fue la coordinación entre los militares sudamericanos. Mientras 32 uruguayos desaparecieron en su propio país, más de 150 desaparecieron en Argentina, ocho en Chile y dos en Paraguay.
La larga mano del Plan Cóndor también alcanzó a dos legisladores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976.
Bolivia fue uno de los países en los que actuaron agentes de la dictadura pinochetista.
Una serie de archivos desclasificados ayer por el Ministerio de Defensa de Chile revela que el exdictador chileno Augusto Pinochet coordinó, en la década del 70, de manera directa, mediante un enviado, la aplicación del represivo Plan Cóndor con el entonces presidente de facto boliviano, Hugo Banzer Suárez.
Según los documentos, la Central Nacional de Inteligencia (CNI) de la dictadura chilena impulsó operaciones secretas en la región contra los opositores de izquierda y envió a oficiales de inteligencia a representaciones diplomáticas para ejecutar la acción represiva internacional.
En 1978, el jefe de la policía secreta de la dictadura, coronel Manuel Contreras, condenado a prisión perpetua por un centenar de procesos, envió al militar León González a Bolivia, quien durante su misión en el país ascendió de capitán a coronel.
Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los organismos represivos chilenos, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), primero, y la CNI, después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades para coordinar operaciones en todo el mundo.
Contreras, quien como director de la Dina planificó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad, incluso, para investigar a funcionarios y autoridades del Estado.
SU Presencia en Bolivia. En 1978, la CNI reemplazó a la Dina como agencia de inteligencia de Chile. Desde sus oficinas fueron orquestadas operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, y desde consulados y embajadas siguieron de cerca a los exiliados chilenos en esos países.
Por ejemplo, el 17 de marzo de 1978, el entonces viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, general de brigada Enrique Valdés Puga, envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena.
“De acuerdo con lo conversado con ustedes sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como consejeros administrativos o civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”.
Los textos revelan también correspondencia con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos.
Plan Ipsilon. Una iniciativa diseñada en junio de 1975 reaccionó ante la visita a Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Intentó desviar la atención de los observadores con acciones en Bolivia, Perú y Argentina a través del Plan Cóndor.
50.000 asesinados fue el resultado de la aplicación del Plan Cóndor en la región entre 1975 y 1989.
El plan cóndor fue la coordinación entre las dictaduras de Sudamérica contra la izquierda con el apoyo de la Central de Inteligencia de EEUU.
Dicho plan fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la represión chilena, y los responsables de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
A partir de 1976, los organismos de inteligencia chilenos y argentinos fueron la vanguardia del Plan Cóndor.
La división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura y capacitó a represores en 1975 en Brasil.
21 de agosto de 1971, Hugo Banzer lidera un golpe de Estado en el que participan aliados, militares, el MNR y la FSB.
11 de septiembre de 1973, en Chile, el presidente socialista Salvador Allende es derrocado por Augusto Pinochet.
COORDINACIÓN. Los dictadores Pinochet y Banzer en 1974 en Charaña. - Redaccion central La Prensa
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